Asimismo, han acordado poner en conocimiento de las autoridades competentes este acuerdo y solicitarles que se actúe con la máxima celeridad para que se aplique el derecho europeo

El Pleno de la Corporación de Teguise ha acordado por unanimidad dirigirse a las Cámaras de Comercio y organizaciones patronales para poner en su conocimiento la ilegalidad de cualquier actividad económica que se realice en el Sahara Occidental sin el consentimiento expreso del representante del pueblo saharaui, el FPOLISARIO.

Asimismo, han acordado poner en conocimiento de las autoridades competentes este acuerdo y solicitarles que se actúe con la máxima celeridad para que se aplique el derecho europeo en todo lo que afecte al tráfico de mercancías de cualquier tipo provenientes o con destino al Sahara Occidental, así como a las empresas sujetas al derecho comunitario que desarrollen su actividad en el Sahara Occidental.

En el contenido de dicha propuesta se recuerda que “las relaciones históricas entre los pueblos de Canarias y del Sahara Occidental han estado condicionadas por la prolongación del conflicto producto de la ocupación militar de gran parte del territorio saharaui por Marruecos desde 1975. Desde el año 1991, con la mediación de la ONU, está en vigor un alto el fuego acordado entre las partes, con la finalidad de dar una solución pacífica a este conflicto que se desarrolla a escasos cien kilómetros de nuestras costas y cuya resolución definitiva tendría repercusiones muy positivas no solo para el pueblo saharaui y Marruecos, sino para nuestras islas”.

“Sin embargo, a pesar de la claridad de los acuerdos, Marruecos, con el respaldo de potencias como Francia y gracias a la inacción de España, que continúa siendo la potencia administradora del territorio del Sahara Occidental, continúa obstaculizando la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui que aceptó en el plan de arreglo. Mientras tanto, la población saharaui vive dividida entre unos campos de refugiados en los que sobrevive en libertad pero sometida a grandes penurias y otra parte que vive en los territorios bajo ocupación de Marruecos, donde ven constantemente vulnerados sus derechos humanos, siendo desgraciadamente constantes las noticias de secuestros, desapariciones temporales, torturas o juicios arbitrarios que sufre la población saharaui”.

“El mantenimiento de la ocupación militar marroquí tiene un alto coste que es financiado mediante la explotación de los recursos naturales del Sahara occidental (pesca, fosfatos, arena, petróleo, recursos turísticos y culturales, etc.). Los tratados internacionales dejan claro que esta explotación por la potencia ocupante es ilegal, sin embargo durante todo este tiempo se ha jugado con una pretendida ambigüedad de esos tratados por parte de numerosas empresas de nuestras islas para continuar con sus actividades”.

“Desde finales de 2016, para quienes quisieran alegar dudas, la situación está meridianamente clara. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016- C-104/16 P- reconoce que Marruecos y el Sahara Occidental son territorios distintos y separados, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de autodeterminación de los pueblos, considerando que los acuerdos establecidos entre la Unión Europea y Marruecos no son aplicables al territorio del Sahara Occidental, por lo que las empresas europeas no pueden, en ningún caso, utilizar autorizaciones marroquíes para operar en el Sahara Occidental”.

“Este órgano judicial afirma también que lo determinante no es valorar si una actividad económica concreta puede ser favorable o no a la población saharaui, sino garantizar que el representante del pueblo saharaui, el frente Polisario, ha dado su consentimiento para su desarrollo. De esta manera el derecho europeo deja sentado que cualquier actividad económica en el territorio del Sahara Occidental está condicionada al acuerdo expreso del Frente Polisario, único representante del pueblo saharaui, en aplicación de la resolución 34/37 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

“Indudablemente esta sentencia va dirigida también contra las empresas canarias que participan del expolio de este patrimonio natural del pueblo saharaui (arena, pescado u otras materias primas). Estas empresas deben de saber que con su actividad financian la colonización marroquí y permiten la violación de los derechos de la población saharaui y que en todo caso deben buscar el acuerdo con el FPOLISARIO, que ha manifestado su disposición para ello”.