“Queremos ofrecer a nuestros vecinos seguridad jurídica, pero para eso las administraciones competentes tienen que resolver cuestiones de ordenación urbanística, y ese es y será nuestro empeño hasta conseguirlo”, declaró Alicia Páez

El Ayuntamiento de Teguise celebra que al fin el Gobierno de Canarias haya iniciado las obras de saneamiento que afectan al Centro de Salud de La Graciosa y a la gestión de sus aguas residuales. “Se empieza a ejecutar una obra tan esperada por los vecinos, como demandada por el actual grupo de Gobierno”, declaró Alicia Páez junto al propio centro.

“Llevamos años solicitando esta intervención para solucionar un problema acuciante de salubridad, que afecta directamente a los usuarios del centro sanitario, y también a los niños del colegio, pero por desgracia y por razones ajenas a nuestra voluntad, obtuvimos la callada por respuesta por parte del ex director insular de Salud, José Brito”, explicó Páez, que celebra que “al fin prevalezca la responsabilidad política sobre los intereses partidistas”.

El Servicio Canario de Salud ha comenzado con las obras necesarias para el soterramiento de los depósitos de aguas residuales que hasta ahora estaban al aire libre. Esta actuación se solapa con las obras de la red de saneamiento, las cuales han consistido en la instalación de una depuradora, de estaciones de bombeo y de la canalización y el suministro a la población, con una inversión de más de tres millones de euros.

Los efectos del no Plan

El anuncio del Tribunal Supremo sobre la anulación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Archipiélago Chinijo, ha supuesto un nuevo varapalo para los vecinos, tanto de La Graciosa como de Caleta de Famara, puesto que anula su eficacia, y por lo tanto, su protección e incluso, existencia. “La ausencia de planificación la sufre nuestro territorio, pero también nuestros vecinos por el limbo legal al que nos somete el no Plan, impidiendo cualquier actuación que a nivel particular o empresarial un vecino desea iniciar”. “Desde Teguise queremos ofrecer a nuestros ciudadanos seguridad jurídica, pero para eso las administraciones competentes tienen que resolver cuestiones de ordenación, y ese es y será nuestro empeño hasta conseguirlo”, sentenció Alicia Páez.